domingo, abril 14, 2013

Destruyendo la República y la Democracia



Las recientes propuestas del Gobierno Nacional sobre la pretendida democratización de la Justicia nos señalan claramente cual es el camino que, desde lo institucional y lo político, se propone recorrer el mismo. A diferencia de su errático, confuso y soja dependiente derrotero económico (el modelo Soja & Suerte, según @jlespert) éste otro camino es bastante mas claro y por cierto mas preocupante.
Hay dos propuestas que son claramente perturbadoras, el cambio de composición del Consejo de la Magistratura y la limitación de las cautelares.
El cambio de composición en el Consejo y la anulación de la mayoría agravada para la designación y remoción de jueces apunta a establecer una clara supremacía del partido gobernante por sobre el poder Judicial.
Será asi mas fácil, tanto presionar a los jueces actuales, designar mas jueces adictos y remover a aquellos que osen contradecir las directices del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no será mas Poder, sino una escribanía del Gobierno.
Con eso habremos borrado casi completamente lo republicano de los "republicana, representativa y federal" que establece nuestra vapuleada Constitución, sin, ¡oh milagro! de la necesidad de una reforma constitucional.
Y acá es donde quisiera recordarles a éstos demócratas fundamentalistas que, si bien la democracia fue inventada hace mas de dos mil años por los griegos, sólo pudo llevarse a cabo exitosamente una vez que Montesquieu, observando el establecimiento de la monarquía constitucional inglesa descubrió la cosa esta de los tres poderes, que luego los americanos plasmaron en su constitución, los famosos sistemas de "check and balances".
La desaparición de un Poder Judicial, mediatamente independiente, ya que que la designación y remoción de Jueces hoy YA ESTA condicionada constitucionalmente por los otros dos poderes, abre el camino hacia el desborde de estos, en particular el Ejecutivo.
Dada la tendencia de todo Poder a liberarse de los límites impuestos, que detendría a un Poder a eliminar a aquellos magistrados que los pretendan investigar o que, como Jueces Electorales, intenten hace cumplir normas electorales o controlar la transparencia de comicios?
¿Que los detendría de exculpar a cualquier presunto corrupto, perseguir judicialmente a opositores y/o avalar fraudes electorales?
¿Que los detendría de convalidar gobiernos ilegitimos?
Pero claro, acá vamos a inventar la rueda cuadrada como una gran novedad y retroceder unos 400 años, fieles a nuestra vocación de marchar con prisa y sin pausa a la Edad de Piedra.

El otro tema son las cautelares, ya han decidido avanzar sin miramientos sobre los derechos individuales escudándose en el bien común, definido por el Estado, olvidandose que en una democracia ambos intereses deben equilibrarse y balancearse. Pero hay gente que lo dice mas enfáticamente:

Con cautela

No sólo es dudosa la constitucionalidad del proyecto que limita las medidas cautelares, tampoco apunta con precisión a los poderes fácticos que preocupan al gobierno y que poseen capacidad económica para costear los abogados más caros y mejor conectados. En cambio, afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan medidas cautelares y recursos judiciales sencillos y rápidos para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando se trata de relaciones de contenido patrimonial entre el Estado y las empresas, la regulación es valiosa, porque el Estado protege el interés social y la voluntad popular. Pero hay muchas situaciones en las que aún sin estar en juego “en forma directa” la vida, la salud, la alimentación ni el medio ambiente, las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales, como la protección de los migrantes contra la expulsión y su derecho a la educación; la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas; la suspensión de normas que limitan en forma inconstitucional la libertad personal; la defensa de la libertad sindical o la exigencia de acciones positivas del Estado, de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad. No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos. Es posible evitar los abusos que se han conocido en estos años y al mismo tiempo garantizar la tutela judicial de sectores a los que les cuesta acceder a una defensa rápida y eficaz de sus derechos. Si los requisitos para su admisibilidad son casi imposibles de sortear y se exige una contracautela que obra como valla para quienes no tienen bienes o posibilidad de acreditar ingresos que solventen los gastos del proceso, y si además la apelación suspende el efecto de la cautelar, terminará por crecer la brecha que se pretende reducir y la herramienta sólo seguirá disponible para quienes puedan costear los mejores servicios jurídicos y estén dispuestos a hacer un complejo recorrido por los vericuetos judiciales hasta la sentencia definitiva. ...La fijación de plazos estrictos condiciona a la víctima de una violación de derechos y no al juez y a la otra parte, salvo que una regulación específica les exija un comportamiento diligente (con deberes agravados) para llegar rápido a una decisión de fondo y no que se supedite todo al plazo de vigencia de la cautelar. Ni pensar qué ocurriría en las provincias, si una legislación similar se reprodujera en cascada.


Esto lo escribió el propagandista del régimen, el mentiroso consuetudinario y manipulador de carpetas de la SIDE, el ex guerrillero, ex-escriba de una Fuerza Armada y ex-periodista Horacio Verbitsky.
Como pueden ver, este blog no practica. o al menos intenta no hacerlo, la falacia ad-hominem.
Este gobierno no quiere democratizar la Justicia ni tampoco adquirir impunidad.
Sólo pretende eternizarse en el poder por el poder mismo.

I rest my case.

PD: en honor a la Diputada Diana Conti, hemos evitado con mucho cuidado caer en la Ley de Godwin.